Aunque los choques entre el Estado y las iglesias se han multiplicado en los últimos años, no habían escalado hasta el punto de tantos pastores encarcelados por días, semanas o meses. Hasta que llegó el 11J.
por YOE SUÁREZ, publicado originalmente en Cubanet
El 11 de julio de 2021, Carlos Macías vivió las grandes manifestaciones antisistema ocurridas en Cuba entre dos disyuntivas. La primera, relacionada con su vocación: “ser pastor de una denominación histórica como la Metodista, bajo el estigma de que los cristianos no participan en política, y a la vez querer ejercer como ciudadano mis derechos civiles y libertades”, dijo en una entrevista.
La otra disyuntiva gravitó “entre la necesidad de expresarse y hacer uso de la libertad de pensamiento” y “el temor a las consecuencias que eso podría traer al ámbito personal”. En otro tiempo, como hicieron siempre tantos cubanos, el pastor quizá hubiese optado por autocensurarse, por quedarse en casa. Pero aquel 11 de julio de 2021, conocido como 11J, algo pareció moverse.
Por las maltratadas calles de Jovellanos, provincia de Matanzas, una multitud coreaba libertad. Lo mismo sucedía en más de 60 localidades de todo el país. Carlos y su hijo mayor salieron de la casa pastoral para sumarse. Él entiende que, como líder religioso, no tiene por misión convocar a una protesta. Al creyente, por supuesto, le reconoce “el derecho a participar en una manifestación reclamando justicia”.
El 11J salieron a la calle miles de personas de todo tipo con reclamaciones diversas. Ha sido, hasta el momento, la mayor exhibición del poder de la sociedad civil en un país totalitario, en el que el Estado socialista trata de controlar todo lo posible a sus ciudadanos.
Es imposible saber quiénes eran exactamente las personas que se manifestaron, pero una parte de ellos forma parte de la creciente comunidad de cristianos evangélicos o protestantes, quienes, según una encuesta de 2015, representan alrededor del 7 por ciento de la población.
La tensión entre algunos de los líderes de esta comunidad y el Estado había aumentado durante los últimos tres años. Desde 2018, las principales iglesias protestantes reclamaban más independencia de las organizaciones estatales que tratan de controlarlas o que no les reconocen estatus legal. También habían rechazado de manera enérgica mandatos estatales como, por ejemplo, el llamado “Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación”, el matrimonio homosexual y exigido el derecho a vivir y educar a sus hijos de acuerdo a sus principios y creencias religiosas.
Aunque los choques con el Estado y los actos de castigo o intimidación a estas iglesias se habían multiplicado desde entonces, no habían escalado hasta el punto de tantos pastores encarcelados por días, semanas o meses. Hasta que llegó el 11J.
Ese día, Carlos Macías y otros líderes protestantes que nunca habían salido a las calles a protestar, lo hicieron. Se unieron a miles de otros ciudadanos, que tampoco antes se habían manifestado. Y esta vez, los líderes religiosos no se manifestaron solo por los motivos anteriores, se sumaron como parte de una población que pedía alimentos, medicinas, y, sobre todo, que gritaba: libertad.
Desde entonces se ha desatado una persecución contra algunos pastores que dura hasta hoy y que ha contribuido a que cada vez más religiosos o iglesias cuestionen la represión policial o se pronuncien contra el régimen.
Los protestantes fueron, de hecho, el colectivo religioso con más líderes reprimidos a consecuencia del 11-J, de acuerdo con un recuento del grupo Justicia 11-J, que realiza el inventario de las detenciones y procesos judiciales que están sufriendo quienes se manifestaron aquel día.
Posteriormente, a finales de agosto, otro líder de la comunidad, que había sido abiertamente crítico con el régimen y compartió en redes sociales imágenes de las protestas del 11-J, también fue capturado y procesado.
En todos estos casos, los pastores no fueron detenidos como parte de grupos más grandes. O bien las autoridades los estaban esperando en sus casas o iglesias, o bien fueron capturados entre la multitud.
Aunque todos ellos salieron a título individual, sin incitar a sus fieles a manifestarse, recibieron el mismo tratamiento que otros líderes de la sociedad civil u opositores más abiertamente políticos: detenciones y procesos penales.
“El gobierno considera a los grupos religiosos como el sector de la sociedad civil independiente más grande y teme su potencial para movilizar grupos numerosos de personas. La participación de creyentes y algunos líderes religiosos en las protestas del 11-J alimentó la paranoia gubernamental”, afirmó en una entrevista para este reportaje una vocera de Christian Solidarity Worldwide (CSW), organización internacional que promueve la libertad religiosa.
“El gobierno quiere casos ejemplarizantes, que muestren a otros líderes religiosos cuáles serán las consecuencias si no siguen las reglas”, aseguró la fuente, que pidió no ser identificada por el trabajo que realiza CSW en Cuba.
Además de las seis detenciones mencionadas, hubo casos como el de Carlos Macías. Él recuerda cómo aquel día “cada cual decía lo que quería decir: básicamente la desesperanza y el desacuerdo con lo que está pasando. Mucha gente, casi mil 500 personas de diferentes edades, comenzaron a caminar de manera pacífica por las calles de Jovellanos», narró en un vídeo en redes sociales.
Según su testimonio, en la protesta “no hubo violencia por parte de los manifestantes”. Sin embargo, eso no evitó que “un grupo de simpatizantes del gobierno cubano y oficiales de civil” entraran a la concentración para intentar detenerlo a él y a su hijo. “Nos insultaron, blasfemaron y llamaron perros. Trataban de desestabilizarnos mentalmente, buscaban contienda”, dijo el pastor.
En medio de la multitud, Carlos recuerda que alguien gritó “¡se quieren llevar al pastor!”. Entonces “parte del pueblo intervino y frustró la detención. Ahí entendimos que debíamos salir del caos que emergía en el lugar y regresar con mi esposa y mi hijo menor”.
Tras regresar, la casa pastoral fue vigilada por efectivos del Ministerio del Interior (Minint). A Carlos le advirtieron que, de salir, sería encarcelado. Estaba en reclusión domiciliaria sin cargos.
Carlos ya se había pronunciado antes contra desafueros del Estado mediante enseñanzas y posts en redes sociales. Cuando el artista del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre en abril de 2021, expresó su solidaridad con él en redes sociales.
De ahí que el 11J fuera natural para él salir a la calle. En un vídeo en su perfil de Facebook aclaró: “hoy tuve el honor de participar en una manifestación espontánea. Quiero decir que aquí a nadie se le pagó un quilo por participar”.
“Díaz-Canel, un presidente que no elegí, en el marco de estas manifestaciones hizo un llamado al derramamiento de sangre, al enfrentamiento –denunció-, y sobre él recaerá la responsabilidad por cada gota de sangre de cubanos que” por pensar diferente “sean heridos o mueran en el intento”.
“Ha llegado el momento de alzar la voz, es peligroso porque vivimos en una dictadura. Pero creo que no podemos aguantar más”, espetó. “En Cuba vivimos cubanos dignos que no estamos dispuestos a seguir guardando silencio para complacer a una familia”. Los Castro.
Su motivación, según él mismo, no obedeció a “cuestiones políticas o ideológicas”, sino a “principios bíblicos, teológicos y doctrinales relacionados con la libertad y la verdad”.
Preso en su casa, Carlos vivió las horas como dentro de una gran gota de ámbar. El calor y la incertidumbre de qué ocurriría con él y los suyos ralentizaban el tiempo.
Mientras, Ricardo Pereira, Obispo de la Iglesia Metodista, contactó en persona con las autoridades para cabildear por su liberación. Tras dos días de reclusión, el pastor fue citado a la estación policial de Jovellanos. Varios oficiales, de civil y uniformados, le amenazaron con represalias de volver a manifestarse públicamente, y levantaron la prisión domiciliaria.
Algunos días después, la junta directiva de la Iglesia Metodista publicó en sus redes sociales un comunicado con un lenguaje inusualmente directo y crítico con el gobierno. En él aseguraron rechazar “la forma represiva usada contra la población que se manifestaba”.
“Cuba debe ser un país libre y soberano, donde todos sus hijos sean respetados, tanto los que comulgan con la Revolución, como aquellos que no simpatizan con el sistema sociopolítico”, reclamaron.
Otras grandes iglesias emitieron comunicados similares. La pentescostal Asambleas de Dios interpeló directamente Díaz Canel, atribuyéndole la responsabilidad de la violencia ocurrida en el 11-J. “Un gobierno que proclama la inclusión de todos los ciudadanos ha de tener la sabiduría de propiciar el diálogo y no la confrontación. Creemos que consignas carentes de paz y cordura no resolverán la situación en la que el país se encuentra, si no que destina a la nación a un total caos y destrucción”, afirmó el texto.
Adelys y Claudia
El silencio es el ruido mayor en Cuba, pero Adelys Rodríguez lo rompió cuando su esposo, el pastor Yéremi Blanco, fue detenido durante las protestas del 11-J en Ciudad de Matanzas. Lo supo a las 7 de la noche del propio domingo. Claudia Salazar, esposa de otro pastor, Yarian Sierra, la contactó para decirle que él también estaba preso.
Adelys dejó a sus tres niños junto al de Claudia, y salieron a buscar a sus esposos por las estaciones policiales de la ciudad. Nadie les dio información. “Nos trataron como si fuéramos perros, que no teníamos derecho a nada”, me contó después de su primera maratón por estaciones policiales.
Al otro día supieron en la delegación provincial del Minint que sus esposos estaban en una sección especialmente preparada para los cientos de detenidos del 11J, en la Prisión de Mujeres de la urbe. A la entrada del centro penitenciario esperaron, por horas, una respuesta. Adelys recuerda, en llanto, que altos oficiales dijeron que sus esposos “iban a estar allí de siete a 14 días”.
Yéremi y Yarian son pastores de la denominación cristiana Misión Bereana, presente en Cuba desde los años 1940, pero ilegalizada después que el castrismo confiscara sus propiedades en 1960. Hoy sus miembros se congregan en casas propias o rentadas.
Aunque desde la década de 1990 el Estado cubano dejó de autocalificarse como oficialmente ateo -como hizo durante décadas- y desde entonces tolera la práctica de la religión, aún trata de controlar y limitar al máximo el funcionamiento de las organizaciones confesionales.
La actual ley de asociaciones, que ampara el funcionamiento de las iglesias, descarta el reconocimiento de grupos cuyo “fin” sea similar al de otro ya inscrito. Esto le permite al Estado negar la inscripción de iglesias con doctrinas similares a las de otras ya reconocidas. Solo escapan de esta regla las 55 denominaciones protestantes legales, en su mayoría establecidas antes de 1959.
De estas iglesias históricas han surgido algunos pastores, como el bautista Raúl Suarez, que apoyan al régimen. También hay otros líderes que han mantenido distancia política, no cooperan, tratando de interactuar lo menos posible con el Estado, pero sin confrontarlo abiertamente.
Por otra parte, existen grupos de fe que el régimen se niega a reconocer, como la red de más de 50 iglesias Movimiento Apostólico, con miles de miembros, o la Misión Bereana, a la que pertenecen Yéremi y Yarian.
Con frecuencia, son estas iglesias no reconocidas las que han vivido mayores violaciones a sus derechos: demoliciones de templos, arrestos de líderes o coacción a la membresía, como expuso en un reporte de 2020 la ONG CSW.
Quizá por ello, y sin tener qué perder, los pastores de estas congregaciones han sido más frontales que el de las asociaciones inscritas. Líderes como el apóstol Yoel Demetrio, de Las Tunas, se refieren al Estado como dictatorial o denuncian abiertamente los abusos contra la sociedad civil, por ejemplo.
Sin embargo, esta división entre iglesias reconocidas y no inscritas comenzó a cerrarse en 2018, cuando hicieron saber su posición institucional y la de sus feligreses durante la redacción final de la nueva Carta Magna.
45 denominaciones exigieron respeto a derechos individuales básicos, como la libertad de conciencia, de prensa o la propiedad privada, entre otros. Aunque el rechazo general al artículo 68 de la constitución comunista (que cambiaba la visión del matrimonio como unión exclusiva entre un hombre y una mujer) catalizó la alianza de las iglesias protestantes en una campaña sin precedentes en la sociedad civil cubana, ese fue solo uno de los 16 artículos sobre los que hubo reclamos u oposición en la nueva Constitución.
Líderes protestantes aseguraron que votarían en contra de la Carta Magna, oponiéndose a la campaña que emprendió el régimen a favor del Sí.
Además, varias organizaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Metodista a la que pertenece Carlos Macías, el pastor de Jovellanos, organizaron una campaña cívica nacional que incluyó recogidas de firmas e incluso la convocatoria de una Marcha por la familia que el Estado prohibió.
Las autoridades reaccionaron al desafío que le habían planteado las organizaciones religiosas. A partir de entonces, varios líderes protestantes, incluidos los de iglesias reconocidas, comenzaron a sufrir más citaciones, amenazas o prohibiciones para salir del país.
La tensión aumentó en 2019, cuando las más grandes denominaciones opuestas a la Constitución formaron una organización al margen del Estado: la Alianza de Iglesias Evangélicas. Esto constituyó un cuestionamiento directo al Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), organización afín al régimen. Los creadores de la Alianza, de hecho, declararon abiertamente no sentirse representados por el CIC y aún no han logrado que la organización sea legalizada.
En la entrevista concedida para este reportaje, la vocera de CSW aseguró que la creación de la Alianza “fue una muestra de unidad nunca vista entre las iglesias protestantes desde 1959”.
Desde entonces, el CIC iría perdiendo miembros, lo que puso en evidencia el deterioro cada vez mayor de las relaciones entre iglesias y Estado. En la actualidad, menos de la mitad de las 55 asociaciones protestantes legales del país integran la organización
Poco antes del 11J, la Iglesia Cristiana Pentecostal y la Reformada cancelaron su membresía en el CIC. Este acto de protesta ocurrió por la implantación de un «Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos” en el centralizado sistema de enseñanza estatal, que generó un nuevo choque con el régimen y rechazo entre la mayoría de iglesias protestantes.
En aquel momento Yéremi se pronunció por el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación para sus hijos. En un post de mayo de 2021, dijo no gustarle la política, pero lamentó que “el gobierno controla estrictamente la educación” y “no hay escuelas privadas ni se permite la educación en casa”.
Denunció al “sistema comunista, que se ha llenado la boca de decir que en Cuba no se violan los derechos humanos” e ironizó: “en boca de los que se alimentan como parásitos de un sistema que le propina ganancias en menor o mayor medida, somos el país perfecto”.
Para él y para Yarian, ambos integrantes de una iglesia ilegalizada, la oposición más abierta al gobierno venía desde al menos 2019. Ese año Yarian compartió en redes sociales una denuncia por la expropiación de un templo de una Iglesia Nazarena.
Ese mismo año, poco antes, Yéremi participó de una protesta en el aeropuerto de Holguín, después de que la estatal Cubana de Aviación cancelara un vuelo y los clientes denunciaran maltrato por parte de los funcionarios.
Por todo esto, como le sucedió a Carlos, para Yéremi y Yarian resultó natural salir a manifestarse por la calles de Matanzas cuando vieron en redes sociales que miles de personas lo estaban haciendo el 11 de julio. Según explicó Claudia, la esposa de Yarian, ambos protestaron “porque aborrecían el comunismo”.
Ellos, a diferencia de Carlos, no pudieron escapar al encarcelamiento. Cuando sus esposas pudieron localizarlos exigieron a las autoridades que se les permitiera realizar una llamada. La respuesta fue que en la cárcel no había teléfono. Al día siguiente dijeron que no hubo llamada porque los pastores se negaron a dar sus números. “Nuestros esposos no nos tendrían angustiadas, sin saber de su paradero”, me dijo Adelys.
Están “prácticamente secuestrados”, posteó Claudia en Facebook, y criticó a las autoridades: “hasta los protocolos de sanidad violaron porque solo permitieron entregarles tres nasobucos y llevan más días detenidos”. Para entregar medicamentos a Yéremi, que estaba recuperándose de covid-19, “tuvimos que buscar hasta prescripción médica, porque no lo autorizaban”.
A Claudia le informaron que Yéremi y Yarian serían procesados por escándalo público, pero “ellos ni agredieron a nadie, ni destruyeron nada”, replicó.
Mientras, su detención causó indignación en integrantes de la comunidad protestante como el pastor de Holguín, Jatniel Pérez Feira, quien criticó en sus redes sociales las detenciones arbitrarias de manifestantes. Poco después de pronunciarse, Pérez Feira aseguró haber recibido llamadas anónimas para intimidarlo.
Lorenzo
“Creo que usted conoce al pastor Lorenzo [Rosales], preso ahora en Boniato (una prisión en Santiago de Cuba). Solo quería pedir perdón porque yo fui uno de los guardias que orinó sobre su cabeza la madrugada del 14 de julio cuando lo trasladábamos para Versalles (una unidad policial de la misma provincia). No teníamos agua y pensábamos que lo habíamos ‘matao’ de la golpiza que le dimos en el camino”.
Ese fue el primer mensaje que llegó, en octubre pasado, al Messenger de Mario Félix Lleonart, un pastor bautista cubano exiliado en Washington, Estados Unidos, y director del Instituto Patmos, que monitorea la libertad religiosa.
De nuevo vibró el móvil de Lleonart. El desconocido confesaba que no quería abusar de Lorenzo, pero si no participaba, dijo, “el muerto lo hubiera puesto yo”. Otro zumbido: “acá están puestos pa’ matar al pastor para que no cuente todo lo que se le ha hecho”. La comunicación finalizaba de manera escalofriante: “Cualquier día de estos, otro preso lo mata o él aparece ‘suicidao’”.
Lleonart tiene una larga trayectoria como religioso crítico del régimen. Recientemente fue de los promotores de la creación de la Asociación de Iglesias Cubanas no Registradas (AICNOR), una nueva organización protestante surgida tras el 11J e instituida al margen del Estado.
En su primer comunicado AICNOR fue contundente: reconoció al “pueblo su legítimo derecho a la manifestación pacífica” y describió al régimen como “un Estado totalitario que contrapone y fomenta la violencia».
AICNOR es, quizá hasta el momento, la formación protestante más beligerante que ha surgido en el país. Aunque algunos de sus miembros, como Lleonart, están fuera de la isla, varias iglesias cubanas, como la Misión Bereana, a la que pertenecen Yéremi y Yarian, o el Movimiento Apostólico, se han integrado a la organización.
Después de años de tensiones entre estructuras religiosas y el régimen, el surgimiento de AICNOR evidencia que tras el 11J se ha abierto un etapa de hostilidad mayor.
En una entrevista para este reportaje, Lleonart aseguró que la organización “ya se venía gestando, pero “cristalizó y se vio obligada a salir a la palestra pública forzada por las circunstancias”. “Si no hubiese sido por el 11J el proceso que se transitaba hasta el anuncio público habría tomado más tiempo. Pero el #11J sirvió como catalizador”, dijo.
Una de las primeras actividades de AICNOR ha sido, precisamente, luchar por la liberación del pastor Lorenzo, el hombre preso en Boniato al que se aludía en los mensajes que recibió Lleonart.
Lorenzo Rosales Fajardo es un pastor de la Iglesia Monte de Sion, en Palma Soriano, Santiago de Cuba, que permanece preso hasta el momento de esta publicación por haber participado en las manifestaciones del 11J junto con cientos de otros vecinos.
Rosales es una de las al menos 708 personas que seguían privadas de libertad por participar en las protestas, según el recuento más actual del grupo Justicia 11J.
Lorenzo se había enfrentado con frecuencia a las autoridades. De hecho, fue Superintendente de la registrada Iglesia Biblia Abierta, de la que lo expulsaron por presiones de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, según información proporcionada por el Instituto Patmos.
Después, fundó su templo actual en el Oriente del país, aunque sin lograr su registro. Lleonart cree que lo que le sucedió a Lorenzo revela un patrón de cómo el Partido Comunista presiona a asociaciones establecidas para purgar a líderes incómodos, empujándolos a la ilegalidad. «Desde hace 10 años Lorenzo está en una situación de vulnerabilidad, y por eso ahora pueden ensañarse con él», subrayó.
Existen fotografías de su detención el 11J. Una de ellas deja ver a dos uniformados inmovilizándolo. Uno, de la Policía Nacional Revolucionaria, parece llevar las manos del pastor a la espalda, quizá para esposarlo. Otro, de la Brigada Especial, más joven y con una boina negra, traba el cuello de Lorenzo en la uve que forma la flexión del brazo y el antebrazo.
Maridilegnis Carballo, su esposa, vio esa imagen pixelada tras los cuatro días de apagón de Internet que impuso el régimen después de las protestas. Ni Lorenzo ni el hijo de ambos, David, habían vuelto a casa. El adolescente, de 17 años, estuvo desaparecido casi una semana antes de ser liberado. Al padre no lo verían por unos cien días.
David contó que ambos estuvieron en un “cubículo totalmente cerrado por barrotes” y una puerta con candado. Entraba el frío del sereno y el duro sol del verano, que acentuaba el hedor del baño. “Estuvimos varios días sin agua, nos daban poca para tomar”, hizo público al salir bajo una fianza en efectivo. Los mosquitos y jejenes hacían más cruel el encierro.
Ahora la preocupación mayor estaba en Lorenzo. No había tomado sus pastillas para la presión y a su esposa le negaban información de su estado, así como la posibilidad de visitarlo en la unidad policial conocida como Versalles, en la ciudad de Santiago de Cuba.
A finales de julio el instructor del caso informó a Maridilegnis que su esposo no recibiría visitas o llamadas. Solo en esa fecha pudo dejarle algo de aseo y medicamento para controlar la presión.
Los seis meses de reclusión han pasado con apenas dos visitas, una el 16 y otra el 28 de octubre, a la que también pudo ir David. “No te puedo decir que está bien, está flaco –me contó el muchacho-, sabes cómo es la vida en la prisión y las atrocidades que hacen”.
Al salir del primero de esos encuentros, Maridilegnis comentó que su abogado la había llamado para informarle la petición fiscal: “diez años por los delitos de instigación para delinquir, desacato y atentado”.
En el mes de diciembre, se celebró al fin el juicio contra Lorenzo. Según le informó el abogado a su esposa, se espera que las autoridades dicten sentencia alrededor del próximo 16 de enero.
Marilidegnis relató que en el juicio los testigos presentados fueron «en su mayoría» policías.
«Se contó una historia que no fue la que verdaderamente vimos y vivimos ese día [11J]», señaló la mujer en un audio al que accedí. «Se le atribuye a los detenidos toda la violencia, intenciones de vandalizar, privar de la vida». «Los testigos de la Fiscalía dijeron que sintieron miedo y terror, porque el pueblo iba con palos, piedras y botellas, pero eso no es verdad», aclaró.
«Mi esposo es inocente, su actuar en aquel día no tiene nada que ver con los delitos de los que se les acusa».
Yéremi y Yarian.
En la cárcel, el pastorYarian Sierra se dijo “no puedo flaquear”. Sus compañeros de celda en el Combinado del Sur, escribió, necesitaban un mensaje de esperanza, uno “que trasciende aún las barras de una prisión y rompe las cadenas y grilletes no solo del cuerpo, sino más bien del alma”.
Despojados de derechos e incomunicados, Yarian vio en aquello que padecía, un propósito. “Casi cada noche aparecía algún tema curioso de La Biblia por el que alguno se interesaba y ahí comenzaba el debate”, contó el joven.
Durante sus días de detención les negaron, tanto a él como a Yéremi, tener Biblias. Aun así, uno tras de otro llegaban versículos a la mente de Yarian, amén de su mala memoria. Tampoco olvidaba la emoción del 11J.
Amén de lo que pudiera sufrir su carne, el estado de su esposa, Claudia, y su hijo de siete años, de capacidades especiales, fue la mayor preocupación de Yarian cada día de encierro. Él no lo sabía, pero Claudia y el niño habían sido desalojados de la casa donde vivían. Ahora el local de reunión de la iglesia también sería su techo.
Cuando pensaba en ellos, no creyó que los vería, no “al menos en largo tiempo”. Pero en el día 14 de su encierro, casi al anochecer, los militares le informaron que esperaría juicio bajo reclusión domiciliaria. Yarian confiesa que soportó aquellos días porque mientras su cuerpo estaba preso, su alma y su mente, libres, constantemente volvían a algún texto bíblico o himno antiguo.
“Cada centímetro de aquellas cuatro paredes me recordaban a Cristo, a cada pequeño detalle le encontraba su paralelo con la vida espiritual”, relató. Sobre cada uno de los cinco barrotes del portón solía imaginar, grabados, los cinco pilares de la Reforma Protestante: sola Escritura, sola Fe, sola Gracia, solo Cristo, solo a Dios la Gloria. Y el día 14 de su encierro, casi al anochecer, los militares le informaron que esperaría juicio bajo reclusión domiciliaria.
Se abría el portón con barrotes, pero su “corazón estaba extrañamente confuso”. De un lado, recordó que iba gozoso, por otro estaba “triste por aquellos que dejaba atrás en aquella celda”.
Yarian caminó solo varios metros hasta la salida de la prisión. Meditaba en lo vivido, hasta advertir en la distancia a un pastor amigo y a Yéremi. También él salió bajo el mismo cambio de medida.
Los días siguientes, sobre todo mientras oraba por los alimentos, volvían a la mente de Yarian los rostros de los infortunados, los que nadie conocía más que él y sus familias. “Se me salían las lágrimas”.
Cuando él y Yéremi llegaron al local donde se reúne la congregación, había un grupo de amigos. “Sentimos en el abrazo de ellos el abrazo de Cristo mismo y de todos los que querían haber estado allí y que por otras razones no pudieron”, dijo Yarian.
Al salir del Combinado del Sur, Yarian supo del desalojo de su esposa e hijo y lloró. Ni siquiera le afectó tanto cuando él y Yéremi conocieron la acusación de la Fiscalía: “desorden público”.
50 kilómetros al sur, en Jovellanos, Carlos visitaba a familiares de encarcelados por el 11J. Sus pesquisas contribuyeron al mapeo nacional de la represión. Esos trajines también los considera labor pastoral. Ha ofrecido consejería y acompañamiento a los seres queridos de Félix Navarro y Sissi Abascal, conocidos activistas por la democracia, y a otros detenidos en las protestas.
Pero no todo ha sido fácil. La familia de un adolescente preso le pidió no visitarlos más, al tiempo que devolvía una ofrenda que Carlos había dado de su bolsillo. Luego supo que la policía advirtió a aquellas mujeres que la situación del menor podría agravarse si seguían recibiendo al pastor.
A finales de octubre Yéremi y Yarian viajaron a un pueblo próximo a Jovellanos. De regreso, tomaron un desvío y llegaron a casa de Carlos Macias. No se habían visto antes, conocieron sus casos vía Facebook.
Yéremi posteó una foto en la que él, Yarian, otro pastor y Carlos sonríen, de pie, a la cámara de algún celular. “Hay ocasiones en que no salimos en busca de amigos –escribió-, pero Dios en su misericordia nos los concede”.
Carlos reconoció que con aquellos hombres compartía “un deseo profundo por defender la Justicia, la Verdad, la Libertad, y la Vida”. Con mayúsculas y consecuencias.
Hablaron sobre Lorenzo Rosales, el pastor santiaguero preso entonces. Ninguno de ellos lo conocía, pero se sintieron hermanados no más conocer su calvario.
El 22 de octubre Yarian recibió una llamada telefónica, mientras compartía en su casa junto a amigos. La persona tras el número desconocido los citaba a él y a Yéremi “a la sede de la Policía de la Playa”.
Yarian dijo que no y colgó. “Minutos después se presentó en la casa un oficial”, quien reiteró que debían ir la mañana siguiente ante las autoridades, pero los pastores demandaron un documento legal. El oficial espetó que debían acompañarlo ipso facto. En la estación los amenazaron para no salir el 15 de noviembre, día en el que miles de cubanos fueron convocados a marchar por cambios, como había sucedido el 11J.
El 1 de septiembre volvieron a citarlos para firmar una multa administrativa. Ese fue el cierre de los cargos pendientes del 11J. Pagaron en desacuerdo, “para no tener que llegar con el caso a juicio”.
Para Yarian y Yéremi, aún tras pagar la multa, no acababa el acoso. “Al día siguiente, un oficial de la policía nos sorprendió en horas del mediodía al citarnos para las dos de la tarde”, dijo. Una vez en la estación les informó que serían “controlados por un período, al menos, de seis meses”.
“Seguimos bajo vigilancia -lamentó Yarian-, bajo acoso, bajo seguimiento por ser, según ellos, personas de interés policial”.
Blog del Instituto Patmos 