El 3 de septiembre
de 2019, como parte de la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación (ADPC) tiene lugar en La Habana la primera reunión del Comité
Conjunto entre Cuba y la Unión Europea (UE); y
el 9 de septiembre el Consejo Conjunto
de Cuba y la UE repasan el estado de instrumentación del ADPC, en la cuarta visita a Cuba de
la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE,
Federica Mogherini, quien preside la reunión junto al ministro de Relaciones
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Ante este nuevo hito en la implementación del
ADPC es válido preguntar si valió la pena la derogación de la Posición Común así
como la puesta en marcha de este proceso.
Puesto que lo que se supondría que la UE esperaría
en este momento de la implementación de su ADPC sería el avance de supuestas
reformas para las que se proponía servir como marco de acompañamiento con este
proceso, y que estas no han ocurrido, sino precisamente lo contrario, aunque La
Habana afirme, negando evidentemente también cualquier reforma, que solo es
“continuidad”. Es evidente que si tales reformas fueron prometidas por Cuba fue
para ganar tiempo mientras continúa en el poder, a la vez que obtiene vías de
financiamiento. En consonancia con este evidente fraude resulta lógico esperar que
la UE modifique, o incluso detenga el proceso de implementación del ADPC. Y en
esto la UE no debería titubear ni interponer demoras burocráticas; debería ser
contundente y anunciar su variación o incluso rompimiento total del ADPC. De la
misma manera que la UE firmó el ADPC con Cuba luego de anunciarse e
implementarse el cambio de política o “descongelamiento” de las relaciones entre
EE.UU. y Cuba, poniendo fin a la denominada Posición Común que dictó sus
relaciones diplomáticas con Cuba entre 1996 y 2016; en este momento, en consonancia
con el nuevo cambio de política de EE.UU., y con las propias políticas de la UE
hacia socios estratégicos de Cuba, en especial con Venezuela; la UE debería también
frenar la implementación del ADPC.
No son relaciones de igual a igual las que sostiene
la UE con entidades del gobierno cubano, como agencias, instituciones,
universidades y empresas, que solo responden a los intereses emanados del
Partido Comunista de Cuba (PCC). Mientras la élite del PCC actúe como el dueño
de todo y no exista independencia alguna de poderes en Cuba, nada podrá
esperarse de la cooperación con ellos, porque realmente la pluralidad resulta
inexistente y no se puede hablar de cooperación con “ellos”, sino de
cooperación con “el” poder omnímodo. El riesgo que corre la UE con tal
cooperación es continuar siendo extorsionada por esa cúpula y quedar adicionalmente
ante el mundo y la historia como cómplice de un sistema autoritario y
fracasado, proveyéndole ayuda para sobrevivir precisamente en el momento en que
este más lo necesita para continuar pisoteando los derechos del pueblo cubano.
El tiempo en que la
UE ha intentado implementar su Acuerdo ha sido el mínimo suficiente
indispensable para cerciorarse también de que las organizaciones de la sociedad
cubana ligadas al gobierno y leales al Partido Comunista de Cuba, son en
realidad apéndices del sistema mismo, y los riesgos de cooperar con estas son
los mismos en los que incurre la UE al cooperar directamente con el sistema,
porque estas tradicionalmente han sido usadas como pantalla para hacer apología
del gobierno en su prioridad de engañar al mundo a través de la propaganda que caracteriza
a todos los sistemas comunistas y de los cuales Cuba no constituye ninguna excepción
sino en todo caso un exponente muy activo y exitoso.
Sería ideal que las instituciones de la UE y de los
Estados miembros pudieran cooperar con la sociedad civil cubana, que
abiertamente promueve la democratización y el respeto por los derechos humanos,
pero esto, el poder con quien la UE firmó el ADPC lo estorba o impide todo el
tiempo. No obstante, la UE si debería procurar tal cooperación, aun cuando la
UE varíe o detenga la implementación del ADPC, como cabría esperar ante las
actuales circunstancias. En el tiempo en
que se lleva implementando el ADPC la cooperación con estas organizaciones ha
disminuido en relación a la cooperación que la UE y sus Estados miembros
mantenían durante los años de la Posición Común, justo cuando debería ser
totalmente lo contrario. Con o sin implementación del ADPC la UE debería por
todos los medios a su alcance cooperar con las organizaciones de la sociedad
civil y promover las relaciones y vínculos entre esta y la sociedad civil europea
por todas las vías y medios a su alcance.
Como en la práctica la sociedad civil cubana ha sido
excluida en el proceso de implementación de estas partes del acuerdo, esto
constituye una importante razón para la derogación tanto del ADPC como de sus
partes. También en consonancia con el proceder de EE.UU. las relaciones con la
sociedad civil deberían reforzarse y ser totalmente prioritarias. Resulta
notable como en la misma medida indirectamente proporcional en que EE.UU. frena
sus relaciones con las autoridades políticas de la isla las fortalece con la
sociedad civil, recientes ejemplos lo demuestran:
- En el
caso de los pastores evangélicos Ramón Rigal y Adya Expósito, condenados a prisión
el 22 de abril de 2019 en el Tribunal Municipal de Guantánamo (TMG) por desafiar
al monopolio de la educación en Cuba y totalmente politizada e ideologizada, y
por “asociación ilícita”, al no reconocer la organización religiosa que
pastoreaban, y generándose un peligroso precedente para muchos líderes de organizaciones
que como la de ellos permanece condenada a la ilegalidad, y como en efecto ya se
amenaza con encausar también al pastor Alayn Toledano Valiente;
- En
el caso del abogado católico y periodista independiente Roberto Quiñones condenado
también a prisión el 7 de agosto por el TMG precisamente por haber sido
solidario en el caso de los pastores evangélicos;
- En
el caso de Guillermo del Sol quien el 12 de agosto inició una Huelga de Hambre en
protesta por el impedimento por parte del gobierno cubano de permitir viajar a
su hijo Adrián del Sol Alfonso, y por extensión en solidaridad con todos los
que como él son injustamente impedidos de viajar fuera de Cuba bajo el
eufemismo de “regulados”, y respecto a lo cual el IP realiza un monitoreo desde
julio de 2018 publicando listas preliminares que iniciaron en 52 nombres en el
primer listado publicado el 13 de julio de 2018, y que han variado, quitándose
o añadiéndose nombres, según los procederes del gobierno cubano, hasta la más
reciente actualización de 149 nombres constatados y que aportamos como apéndice.
Como muestras de la atención de EE.UU. en estos
casos pueden tenerse en cuenta reiterados pronunciamientos del Departamento de
Estado de EE.UU., declaraciones del Secretario de Estado Mike Pompeo, o visitas
directas de la Sra. Mara Tekach, Encargada de Negocios en la Embajada de EE.UU.
en Cuba, el 10 de agosto de 2019 al activista Roberto de Jesús Quiñones Haces
en su casa en Guantánamo; o el 23 de agosto del 2019 del funcionario Tim O.
Hall, Encargado de Asuntos Políticos y Económicos en la Embajada de EE.UU. en
Cuba, al activista Guillermo del Sol Pérez en su casa en Santa Clara. En ninguno
de estos emblemáticos casos pueden citarse gestos similares o alternativos de
la UE, ni siquiera individualmente de algunos de los Estados Miembros.
El diálogo político, el diálogo sobre cooperación y el
del sector del comercio con el gobierno cubano deberían frenarse por completo
por parte de la UE puesto que la contraparte cubana ha dado sobradas razones
para que lo haga, por las sostenidas e incrementadas violaciones a los derechos
humanos de todos los cubanos, que viven tanto dentro como fuera de Cuba; y por
los probados vínculos de desestabilización en Venezuela, Nicaragua e intentos
de desestabilización en muchos otros países del hemisferio. En el caso
venezolano la intromisión y culpabilidad de Cuba resultan tan evidentes que bastaría
considerarlo para derogar cualquier acuerdo. El gobierno cubano no solo se
comporta como un peligroso delincuente internacional que se relaciona con otros
gobiernos que constituyen amenazas para la paz internacional, sino que además, aunque
infructuosamente intenta solaparlo, se relaciona, estimula y financia, conforme
a su práctica tradicional sostenida durante décadas, con grupos terroristas
como Hezbollah o ETA, o narcoterroristas como las FARC o el ELN.
Por todo lo antes referido
y puesto que en el presente momento de la implementación del ADPC la UE esperaba
una realidad muy diferente a la que ocurre, los países miembros que faltan por
ratificar el ADPC no deberían ratificarlo, y los 22 Estados Miembros que lo
ratificaron deberían retirarla. El gobierno Sueco hizo muy bien en junio de
2019 al retirar su propuesta de ratificar al Acuerdo del Parlamento, y no deberían
proponerlo nuevamente pues en cualquier caso lo que cualquier Estado de los países
miembros debería proponer seria la derogación del ADPC, y todos los Estados
Miembros deberían ratificar tal decisión.
