Carta abierta a la Unión Europea acerca del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación #ADPC con #Cuba

Las democracias europeas pensaron que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación era un paso de avance para las relaciones UE-Cuba y de hecho lo fue, en el sentido que, de los 28 países, los representados en La Habana, no tenían hasta ese momento contacto alguno con las autoridades cubanas. Pero, por otra parte, significó una pequeña inyección de oxígeno para la deprimida economía de la isla y el reconocimiento internacional al gobierno dictatorial.

Sin embargo, la aprobación a inicios de año de la nueva Constitución cubana tiene que haber eliminado la esperanza de que esta cooperación empujaría hacia un cambio en el país, quedando solo para los europeos, la posibilidad de aceptar la idea de Federica Mogherini de que Cuba es un país democrático de un solo partido.

Más importante aún es el hecho de que en las informaciones emanadas de la 1ra. reunión del Comité Conjunto, recién finalizada, no hay la menor alusión a los derechos humanos; a pesar de que en estos momentos con el uso de internet hay pruebas más que suficientes de la forma en que se le violan los derechos al pueblo de Cuba, así como del maltrato policial que recibe la sociedad.

De igual forma el hecho de que ningún funcionario europeo de los que visita Cuba, reciba a los opositores, así como que los miembros de la sociedad civil no fueron invitados a participar en la confección del acuerdo, e incluso que ni la UE, ni mucho menos la dictadura, permite que los periodistas independientes asistan a las conferencias de prensa, una vez concluidas las reuniones bilaterales; implica que para complacer al régimen, los que han estado trabajando en el Acuerdo, han ignorado la presencia de personas que han sufrido prisión por motivos políticos –categoría que el régimen no reconoce- y de otras que aún están en prisión.

Los miembros de la Unión Europea necesitan despertar ante este hecho de apoyo a una de las dictaduras que más daño ha hecho y sigue haciendo –en varios países- con su política expansionista de rendir a los pueblos.

En estos momentos son 4 los miembros de la UE que no han ratificado el Acuerdo, por lo que cabría la oportunidad que el Parlamento Europeo lo revisara.

Si bien es cierto que la cercanía geográfica, la historia que se ha compartido y los nexos familiares por la cantidad de cubanos radicados en Estados Unidos de América, hacen que la relación de Cuba con este país, sea más importante que los vínculos que tiene con la Unión Europea, el retirar el apoyo que este bloque da a la dictadura, en estos difíciles momentos de transición de mando, ayudaría mucho más al restablecimiento de la democracia.

La Habana, 4 de setiembre de 2019

Los primeros firmantes, desde dentro de Cuba fueron:

Guillermo del Sol Pérez

Guillermo Fariñas Hernández

Iván Hernández Carrillo

Jorge Bello Domínguez

Jorge Olivera Castillo

Kirenia Yalit Núñez

Lázara Ayllón Reyes

Leonardo Lino Rodríguez Alonso

Martha Beatriz Roque Cabello

Nancy Alfaya Hernández

Santiago Emilio Márquez Frías

Tania de la Torre Montecino

Yuleidy López González

Desde cualquier otra parte del mundo es posible rubricar esta iniciativa en este enlace que hemos abierto:

https://bit.ly/2lH81OL

El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y #Cuba

El 3 de septiembre de 2019, como parte de la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) tiene lugar en La Habana la primera reunión del Comité Conjunto entre Cuba y la Unión Europea (UE); y  el 9 de septiembre el Consejo Conjunto de Cuba y la UE repasan el estado de instrumentación del ADPC, en la cuarta visita a Cuba de la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Federica Mogherini, quien preside la reunión junto al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Ante este nuevo hito en la implementación del ADPC es válido preguntar si valió la pena la derogación de la Posición Común así como la puesta en marcha de este proceso.

Puesto que lo que se supondría que la UE esperaría en este momento de la implementación de su ADPC sería el avance de supuestas reformas para las que se proponía servir como marco de acompañamiento con este proceso, y que estas no han ocurrido, sino precisamente lo contrario, aunque La Habana afirme, negando evidentemente también cualquier reforma, que solo es “continuidad”. Es evidente que si tales reformas fueron prometidas por Cuba fue para ganar tiempo mientras continúa en el poder, a la vez que obtiene vías de financiamiento. En consonancia con este evidente fraude resulta lógico esperar que la UE modifique, o incluso detenga el proceso de implementación del ADPC. Y en esto la UE no debería titubear ni interponer demoras burocráticas; debería ser contundente y anunciar su variación o incluso rompimiento total del ADPC. De la misma manera que la UE firmó el ADPC con Cuba luego de anunciarse e implementarse el cambio de política o “descongelamiento” de las relaciones entre EE.UU. y Cuba, poniendo fin a la denominada Posición Común que dictó sus relaciones diplomáticas con Cuba entre 1996 y 2016; en este momento, en consonancia con el nuevo cambio de política de EE.UU., y con las propias políticas de la UE hacia socios estratégicos de Cuba, en especial con Venezuela; la UE debería también frenar la implementación del ADPC.        

No son relaciones de igual a igual las que sostiene la UE con entidades del gobierno cubano, como agencias, instituciones, universidades y empresas, que solo responden a los intereses emanados del Partido Comunista de Cuba (PCC). Mientras la élite del PCC actúe como el dueño de todo y no exista independencia alguna de poderes en Cuba, nada podrá esperarse de la cooperación con ellos, porque realmente la pluralidad resulta inexistente y no se puede hablar de cooperación con “ellos”, sino de cooperación con “el” poder omnímodo. El riesgo que corre la UE con tal cooperación es continuar siendo extorsionada por esa cúpula y quedar adicionalmente ante el mundo y la historia como cómplice de un sistema autoritario y fracasado, proveyéndole ayuda para sobrevivir precisamente en el momento en que este más lo necesita para continuar pisoteando los derechos del pueblo cubano.     

El tiempo en que la UE ha intentado implementar su Acuerdo ha sido el mínimo suficiente indispensable para cerciorarse también de que las organizaciones de la sociedad cubana ligadas al gobierno y leales al Partido Comunista de Cuba, son en realidad apéndices del sistema mismo, y los riesgos de cooperar con estas son los mismos en los que incurre la UE al cooperar directamente con el sistema, porque estas tradicionalmente han sido usadas como pantalla para hacer apología del gobierno en su prioridad de engañar al mundo a través de la propaganda que caracteriza a todos los sistemas comunistas y de los cuales Cuba no constituye ninguna excepción sino en todo caso un exponente muy activo y exitoso.   

Sería ideal que las instituciones de la UE y de los Estados miembros pudieran cooperar con la sociedad civil cubana, que abiertamente promueve la democratización y el respeto por los derechos humanos, pero esto, el poder con quien la UE firmó el ADPC lo estorba o impide todo el tiempo. No obstante, la UE si debería procurar tal cooperación, aun cuando la UE varíe o detenga la implementación del ADPC, como cabría esperar ante las actuales circunstancias.  En el tiempo en que se lleva implementando el ADPC la cooperación con estas organizaciones ha disminuido en relación a la cooperación que la UE y sus Estados miembros mantenían durante los años de la Posición Común, justo cuando debería ser totalmente lo contrario. Con o sin implementación del ADPC la UE debería por todos los medios a su alcance cooperar con las organizaciones de la sociedad civil y promover las relaciones y vínculos entre esta y la sociedad civil europea por todas las vías y medios a su alcance.

Como en la práctica la sociedad civil cubana ha sido excluida en el proceso de implementación de estas partes del acuerdo, esto constituye una importante razón para la derogación tanto del ADPC como de sus partes. También en consonancia con el proceder de EE.UU. las relaciones con la sociedad civil deberían reforzarse y ser totalmente prioritarias. Resulta notable como en la misma medida indirectamente proporcional en que EE.UU. frena sus relaciones con las autoridades políticas de la isla las fortalece con la sociedad civil, recientes ejemplos lo demuestran:

  • En el caso de los pastores evangélicos Ramón Rigal y Adya Expósito, condenados a prisión el 22 de abril de 2019 en el Tribunal Municipal de Guantánamo (TMG) por desafiar al monopolio de la educación en Cuba y totalmente politizada e ideologizada, y por “asociación ilícita”, al no reconocer la organización religiosa que pastoreaban, y generándose un peligroso precedente para muchos líderes de organizaciones que como la de ellos permanece condenada a la ilegalidad, y como en efecto ya se amenaza con encausar también al pastor Alayn Toledano Valiente;
  • En el caso del abogado católico y periodista independiente Roberto Quiñones condenado también a prisión el 7 de agosto por el TMG precisamente por haber sido solidario en el caso de los pastores evangélicos;
  • En el caso de Guillermo del Sol quien el 12 de agosto inició una Huelga de Hambre en protesta por el impedimento por parte del gobierno cubano de permitir viajar a su hijo Adrián del Sol Alfonso, y por extensión en solidaridad con todos los que como él son injustamente impedidos de viajar fuera de Cuba bajo el eufemismo de “regulados”, y respecto a lo cual el IP realiza un monitoreo desde julio de 2018 publicando listas preliminares que iniciaron en 52 nombres en el primer listado publicado el 13 de julio de 2018, y que han variado, quitándose o añadiéndose nombres, según los procederes del gobierno cubano, hasta la más reciente actualización de 149 nombres constatados y que aportamos como apéndice.

Como muestras de la atención de EE.UU. en estos casos pueden tenerse en cuenta reiterados pronunciamientos del Departamento de Estado de EE.UU., declaraciones del Secretario de Estado Mike Pompeo, o visitas directas de la Sra. Mara Tekach, Encargada de Negocios en la Embajada de EE.UU. en Cuba, el 10 de agosto de 2019 al activista Roberto de Jesús Quiñones Haces en su casa en Guantánamo; o el 23 de agosto del 2019 del funcionario Tim O. Hall, Encargado de Asuntos Políticos y Económicos en la Embajada de EE.UU. en Cuba, al activista Guillermo del Sol Pérez en su casa en Santa Clara. En ninguno de estos emblemáticos casos pueden citarse gestos similares o alternativos de la UE, ni siquiera individualmente de algunos de los Estados Miembros.         

El diálogo político, el diálogo sobre cooperación y el del sector del comercio con el gobierno cubano deberían frenarse por completo por parte de la UE puesto que la contraparte cubana ha dado sobradas razones para que lo haga, por las sostenidas e incrementadas violaciones a los derechos humanos de todos los cubanos, que viven tanto dentro como fuera de Cuba; y por los probados vínculos de desestabilización en Venezuela, Nicaragua e intentos de desestabilización en muchos otros países del hemisferio. En el caso venezolano la intromisión y culpabilidad de Cuba resultan tan evidentes que bastaría considerarlo para derogar cualquier acuerdo. El gobierno cubano no solo se comporta como un peligroso delincuente internacional que se relaciona con otros gobiernos que constituyen amenazas para la paz internacional, sino que además, aunque infructuosamente intenta solaparlo, se relaciona, estimula y financia, conforme a su práctica tradicional sostenida durante décadas, con grupos terroristas como Hezbollah o ETA, o narcoterroristas como las FARC o el ELN. Por todo lo antes referido y puesto que en el presente momento de la implementación del ADPC la UE esperaba una realidad muy diferente a la que ocurre, los países miembros que faltan por ratificar el ADPC no deberían ratificarlo, y los 22 Estados Miembros que lo ratificaron deberían retirarla. El gobierno Sueco hizo muy bien en junio de 2019 al retirar su propuesta de ratificar al Acuerdo del Parlamento, y no deberían proponerlo nuevamente pues en cualquier caso lo que cualquier Estado de los países miembros debería proponer seria la derogación del ADPC, y todos los Estados Miembros deberían ratificar tal decisión.